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Ganar o perder tiempo

En 1991, una burbuja inmobiliaria estalló en Japón. En los siguientes años, las ventas de viviendas prácticamente desaparecieron, realizándose las escasas transacciones a un precio notoriamente inferior al observado en la etapa de auge. A pesar de las evidencias, las autoridades económicas infravaloraron la magnitud de la crisis inmobiliaria y minusvaloraron sus repercusiones directas sobre el sistema bancario e indirectas respecto a otros sectores. Estaban convencidas de que en el corto plazo el precio de la vivienda volvería a subir y se acercaría a los niveles alcanzados en 1990.

Dicha convicción llevó a considerar los “agujeros” observados en el balance de los bancos, generados por la depreciación de sus activos y el incremento de la morosidad, como meramente temporales. Pensaban que la mayoría desaparecerían por si solos, siendo la futura y cercana subida del precio de la vivienda su principal yeso tapador. Por tanto, no hacía falta reformar en profundidad el sistema bancario, bastaba con efectuar algún toque cosmético y esperar. Con este propósito, en 1996 el gobierno japonés promulgó una ley que, al autorizar a contabilizar los activos inmobiliarios por su valor histórico (el observado en plena ebullición de la burbuja),  permitía ocultar de forma oficial los “agujeros” generados por la caída del precio de la vivienda. Había nacido la denominada “ruta Japón”.

El objetivo era ganar tiempo, no obstante, en realidad éste se perdió de forma lastimosa por motivos de índole político e impericia económica. En 1998, el precio de la vivienda continuaba bajando, el crédito seguía sin llegar a familias y empresas, algunos bancos ya habían quebrado y otros estaban a punto de hacerlo, entrando la economía en una crisis de características similares a la observada en Estados Unidos en la década de los 30. Casi setenta años después, volvía la fatídica combinación: recesión y deflación. Finalmente, el gobierno se decidió a intervenir: nacionalizó temporalmente algunos bancos y ofreció ayudas para que otros pudieran sobrevivir. Casi una década había pasado desde el estallido de las burbujas bursátil e inmobiliaria.

En 2007 explotó la primera burbuja inmobiliaria mundial. Uno de los países más afectados fue España. El camino a seguir estaba claro: evitar la “ruta Japón”. Es decir, no se debía conceder tiempo extra a las entidades financieras, sino que había que actuar rápidamente para evitar que aquéllas se convirtieran en insolventes, restringieran el crédito y la economía entrara en una larga fase de estancamiento. A pesar del precedente, el Ministerio de Economía y el Banco de España optaron por la pasividad. Por tanto, han hecho “la vista gorda” con las tasas de morosidad declaradas, los inmuebles sacados artificialmente de balance y la contabilización de las viviendas adquiridas en concepto de dación en pago por su precio histórico o según un valor de tasación notoriamente superior al de mercado.

En los últimos tres años, la mayoría de las entidades financieras españolas no han ganado tiempo, sino que lo han perdido. Su situación ha empeorado ya que la morosidad ha seguido aumentado, al igual que el número de inmuebles cedidos a bancos y cajas por promotores. Un fenómeno muy similar al que le ocurrió casi veinte años atrás a las entidades japonesas. En la actualidad, el problema no es únicamente el elevado stock de viviendas nuevas pendientes de venta (alrededor de siete veces superior al existente en 1993), sino la ubicación de una importante parte de dichos inmuebles.

Según mis cálculos, alrededor de 500.000 viviendas están situadas en localidades donde no existe prácticamente demanda natural (la ciénaga de Shrek) y en las que el precio casi no tiene importancia. Dichas viviendas son un “monumento espontáneo” a la burbuja inmobiliaria y, más pronto o tarde, casi todas ellas pasarán a ser propiedad de las entidades financieras. Si así sucede, las perdidas generadas serán sufragadas de diversas maneras por el Estado (creación de un banco malo, nacionalización parcial, etc.), es decir, por todos los españoles.

Dado mi convencimiento de que me va a tocar pagar, les pido a los políticos que me pasen la factura ya y saneen de una vez el sistema bancario. Sólo si éste vuelve a ser totalmente solvente, la economía española tiene posibilidades de volver a crecer de forma vigorosa. Por favor, no sigan “la ruta Japón”, es el mejor camino para lograr dos décadas de estancamiento económico.

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