No obstante, la salida de la crisis no es nada difícil, sino extremadamente fácil. Inicialmente, hemos de detectar cuál es la enfermedad, posteriormente, hemos de suministrar las medicinas adecuadas. No hemos de inventar una nueva, sino sólo utilizar aquéllas que existen desde hace años en la farmacia (ciencia económica)

El diagnóstico es claro: la actual recesión es principalmente consecuencia de una gran crisis bancaria. No se observaba una de similar calado en los países occidentales desde la década de los 30. Dicha crisis ha reducido drásticamente el crédito y ha afectado de forma notable al gasto de familias y empresas, excesivamente endeudadas en numerosos países de la eurozona. En definitiva, la demanda de bienes ha caído sustancialmente.

Para que vuelva a crecer, en primer lugar, necesitamos sanear por completo los balances de las entidades financieras. Algunos países ya lo hicieron en 2008 y 2009, pero la mayoría sólo parcialmente. En la actualidad, no se han reconocido la totalidad de las pérdidas generadas por la caída del precio de la vivienda, el aumento de la morosidad de familias y empresas o las ruinosas inversiones en deuda pública y privada.

En segundo lugar, aumentar el gasto público, ya que el gran endeudamiento del sector privado impide a éste ejercer de locomotora de la economía. Dicho incremento sería financiado mediante la emisión de nueva deuda pública. Sin embargo, su tipo de interés no debería subir, sino bajar. Es relativamente fácil conseguirlo, basta con hacer que la demanda de deuda supere a la oferta. La clave del éxito la tiene el BCE: consiste en poner a trabajar a tope a la máquina de hacer dinero e inundar de liquidez a la economía.

Indiscutiblemente, el ratio déficit público/PIB aumentará. No obstante, si no hay dificultades para financiar la deuda, no observo ningún inconveniente significativo para que supere sus niveles habituales. Me parece una auténtica barbaridad que a los países se les exija el mismo límite de déficit, independientemente de si la economía va bien, regular o mal. La inflación no debería ser una preocupación, ya que la escasa velocidad de circulación del dinero impedirá que el incremento de la masa monetaria se traslade peligrosamente a los precios de los bienes y servicios. Adicionalmente, el BCE debería intervenir de forma decidida y continuada en el mercado de divisas. Su objetivo: una considerable depreciación del euro. Si la consiguiera, las empresas de la Unión Monetaria Europea ganarían rápidamente competitividad y aumentarían en una considerable medida sus exportaciones.

En resumen, la solución es la penicilina: una combinación de política fiscal y monetaria expansiva, unida a una agresiva gestión del tipo de cambio.  A los políticos que no la conocen, les recomiendo que la busquen en cualquier farmacia. Es decir, en el primer manual de Economía que encuentren, aunque tenga más de cincuenta años.

En diciembre, el importe del crédito hipotecario, históricamente considerado como el más seguro, descendió en un 0,5% respecto al mes anterior y en un 5,98% en relación a 2010. En ambos períodos, el volumen de los nuevos préstamos concedidos fue inferior al de las amortizaciones realizadas por familias y empresas. Una cifra totalmente diferente a la observada en la anterior crisis: en 1993 creció un 15%.

La inexistencia de crédito tiene en gran medida que ver con un sistema bancario español extremadamente frágil. Ni ahora, ni desde que se inició la gran recesión, una completa reforma financiera ha sido verdaderamente una prioridad. Al principio de la crisis se consideraba que no era necesaria. Así, en septiembre de 2008, Zapatero declaró en Nueva York; “España quizá tenga el sistema financiero más sólido del mundo”.

Para nuestro presidente, el secreto del éxito era la gestión realizada por el Banco de España. En concreto, la creación de las provisiones anti – cíclicas y la prohibición de sacar fuera del balance determinados activos, tales como los vehículos estructurados de inversión (SIV’s). No le importaba que en 2006 (el último año del “boom” inmobiliario) las cajas y bancos españoles tuvieran previsto otorgar alrededor de 3, 5 y 7 veces más crédito hipotecario por habitante que Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, respectivamente. En nuestro sistema bancario, aunque no había hipotecas subprime, existían multitud de unidades de una especie aún más peligrosa: las made in Spain.

En el epicentro de la crisis, el Banco de España reconoció la existencia de algunos problemas. No obstante, los limitó a determinadas cajas. Incitó a la realización de fusiones, pero delegó en los políticos su ejecución. Algunas unieron a entidades de la misma comunidad autónoma, otros de distinta región gobernadas por el mismo partido político. En la mayoría de los casos, se generaron entidades con un escaso tamaño por volumen de activos o con escasísima solvencia.

La llegada del PP al poder no ha supuesto ningún cambio. Ha realizado la penúltima reforma financiera. Ha cifrado el agujero de las entidades en 52.000 millones y ha dado implícitamente a la mayoría de ellas un plazo de dos años para que lo solucionen. Tal y como ha hecho en diversas ocasiones el Banco de España, ha infravalorado las pérdidas actuales y futuras de nuestros bancos y no ha generado ningún mecanismo a corto plazo para reactivar el crédito.

En los próximos dos ejercicios, los bancos españoles tendrán como principal objetivo finalizar las fusiones emprendidas, no importándoles demasiado si su volumen de negocio aumenta o disminuye. Es decir, mirarán hacia adentro, en lugar de hacia afuera. Debido a ello, difícilmente el crédito bancario aumentará en la medida necesaria para favorecer la reactivación económica

Increíblemente, los sucesivos gobiernos coinciden en que no es necesario acelerar la reforma financiera, ya que España dispone de casi todo el tiempo del mundo para sanear a sus entidades. Hace dos décadas, los gobernantes de Japón pensaban lo mismo. Por ello, tardaron ocho años en empezar a reconstruir con sensatez su sistema bancario. Espero y deseo que su posterior evolución económica y la nuestra no sea similar.

La reforma acelerará la pérdida de empleos en el 2012. Tres son los principales motivos: la reducción de la indemnización por despido, la eliminación de la autorización previa en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y la mayor facilidad para realizarlos en la Administración Pública.

La reforma abre la posibilidad de indemnizar con 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, a los empleados de las empresas que durante tres trimestres consecutivos hayan tenido una disminución de sus ingresos o ventas. Este redactado permite despedir de forma barata a cualquier compañía que vaya bien, aunque menos de lo iba nueva meses atrás.

La eliminación de la autorización previa de la Administración en los ERE permitirá disminuir, de forma más rápida y con un menor coste, el volumen de las plantillas. Es una disposición especialmente interesante para las multinacionales. Les permitirá pagar salarios considerablemente inferiores, dada la creíble amenaza de efectuar una restructuración exprés de las plantas españolas y una rápida deslocalización de la producción al extranjero.

Las mayores facilidades que la reforma proporciona para despedir al personal laboral del sector público permiten ver claramente las intenciones del PP en relación a la Administración. No se atreva a abordar una ampliación reestructuración, no obstante, pretende reducir su tamaño utilizando la nueva legislación laboral.

La reforma ni generará empleo estable ni de calidad. En el primer caso, debido a que aumentan las facilidades de que dispone el empresario para despedir con un reducido coste. En el segundo, porque pretende sustituir puestos de trabajo de elevados salarios, ahora ocupados por empleados de más de 45 años, por otros, de aquí un tiempo,  ocupados por jóvenes mileuristas

Indiscutiblemente, el principal objetivo de la reforma es la reducción de los salarios. Constituye una manera alternativa a la devaluación de la moneda de incrementar la competitividad de las empresas españolas. No obstante, el método es equivocado, ya que quiere conseguirlo destruyendo empleo bien pagado en lugar de convirtiendo parados en trabajadores que inicialmente perciban bajos salarios.

Con esta reforma, Mariano Rajoy se ha convertido en el alumno favorito de la profesora Merkel. Sin duda, un triste privilegio.

Hace unos años, en plena burbuja, recomendaban la compra de un piso a los miembros más jóvenes de la familia.. Su mensaje era: “estás desaprovechando una gran oportunidad”.  Les decían que en los próximos años el precio de la vivienda subiría mucho porque así lo había hecho en el reciente pasado. Evidentemente, no era una afirmación basada en el sentido común, sino en la más absoluta ignorancia. Indiscutiblemente, cuanto más caro está un activo, más difícil es que su precio continúe subiendo.

Los erróneos consejos del pasado no han afectado a su autoestima, ya que siguen ofreciéndolos. Así, cuando un familiar manifiesta que quiere comprar una vivienda, le tachan de loco e insensato. Le dicen: ¿es que no sabes que el precio va a bajar mucho más? Es curioso: hace unos años iba llegar prácticamente al infinito; en cambio, dentro de poco, casi al cero. Ni antes tenían razón, ni ahora tampoco.

El precio de los pisos ya ha caído mucho. En relación a principios de 2007, en las grandes ciudades entre el 35% y el 50%; en las zonas turísticas y en las pequeñas localidades incluso más. No es lo que se observa si analizamos los importes ofertados, pero si cuando consideramos los acordados. La futura caída del precio de las viviendas de los bancos puede suponer una oportunidad para algunos inversores, pero no para la mayoría de los que quieren comprar un piso para residir en él. El motivo es que su principal stock está situado en barrios o poblaciones donde casi nadie quiere vivir. Por tanto, a la demanda por motivo uso le da igual si bajan un 10%, 20% o 30% más.

En la actualidad, la mayoría de la demanda solvente busca adquirir una vivienda en las zonas donde reside la clase media en las grandes ciudades o en las ubicaciones más emblemáticas de las medianas. En dichas localizaciones, la oferta es escasa y la mayor parte de propietarios no tiene prisa por vender. Por tanto, es bastante dudoso que en ellas el precio de mercado baje notablemente en el futuro. Debido a ello, si quiere comprar uno allí, le recomiendo que no se precipite, regatee mucho y haga una contraoferta final. Si negocia bien, comprando ahora habrá realizado una magnífica inversión a medio y largo plazo.

La crisis económica hace insostenible su diseño actual. Por una parte, debido a la dificultad de determinados gobiernos regionales de racionalizar su gasto. En el ejercicio de 2011, el déficit público generado por el conjunto de las autonomías no bajó ni un sola décima (se mantuvo en el 2,94% del PIB). Por otra, por la injusta y desequilibrada estructura del sistema de financiación autonómica. Aunque ha cambiado varias veces, las mejoras introducidas siempre han sido insuficientes.

Nunca tuvo sentido económico que algunas comunidades ricas (Catalunya, Baleares y Madrid) financiaran a las más pobres, pero otras no lo hicieran (País Vasco y Navarra). La solidaridad entre regiones existe en toda Europa, pero en casi ningún otro país alcanza los niveles observados en España. En el caso de Catalunya, según el método de análisis utilizado, se situó en el año 2009 entre el 5,8% y el 8,4% del PIB Ambas cifras notablemente superiores al déficit público catalán de 2011 (3,72%).

El nuevo diseño autonómico debería consistir en dividir las comunidades en dos clubs: las históricas más las insulares y el resto. Las segundas perderían una parte sustancial de las competencias actuales, las primeras ganarían algunas, especialmente aquéllas donde la sociedad demanda una mayor capacidad de autogobierno. En términos económicos, supondría conceder a Catalunya el pacto fiscal y remodelar los conciertos vasco y navarro para equipararlos con el catalán.

Indudablemente, la complejidad de la operación es inmensa. No obstante, ningún partido jamás ha tenido tantas posibilidades para generar una reforma del Estado de las autonomías como el PP. El gobierno en la mayoría de las comunidades le otorga una amplio margen de maniobra para hacer cambios y la situación económica hace inexcusable realizarlos. No será fácil ni rápido conseguirla, ya que se necesita tiempo, gran consenso político y visión estratégica. Indiscutiblemente, su logro significaría un nuevo concepto de Estado: más moderno, económicamente sostenible y perdurable políticamente a largo plazo.

Dados los antecedentes, la posible ubicación de Eurovegas en Catalunya me parece una gran oportunidad. Su construcción generaría un elevado volumen de inversión (alrededor del 8% del PIB anual) y una gran creación de empleos directos e indirectos, reduciendo en aproximadamente un 25% el actual nivel de paro.

En materia turística, el nuevo complejo supondría para Barcelona un impulso similar al que comportó la inauguración de Eurodisney para Paris. Previsiblemente, aumentarían los días de estancia de los turistas y el número de veces que nos visitan. Además, potenciaría la llegada de nuevos cruceros y ayudaría a convertir el aeropuerto de El Prat en un gran hub internacional.

En la actualidad, el grupo inversor aún no ha decidido la localización definitiva de Eurovegas. Duda entre dos ciudades: Barcelona y Madrid. A diferencia de otras ocasiones, la competición está aparentemente desequilibrada y es claramente favorable a la capital catalana. Los principales motivos son una mejor ubicación geográfica, una mayor oferta de turismo vacacional en los alrededores y un clima más cálido. Por tanto, para conseguir la inversión, creo que no es necesario que ofrezcamos más ventajas económicas que Madrid, sino aproximadamente las mismas. No serán pocas, sino muchas. No obstante, su importe global probablemente será similar al solicitado por otras importantes multinacionales cuando efectúan una gran inversión.

Aunque soy optimista, tengo una preocupación: la nociva influencia que determinadas voces pueden tener sobre el gobierno catalán en la negociación con el grupo inversor. Representan a los que no quieren hacer ninguna concesión, a los que creen que debemos fomentar principalmente la producción de manufacturas (pretenden que regresemos a los 60) en lugar de los servicios o a quiénes piensan que las inversiones tecnológicas son las únicas importantes para Catalunya (¡qué gran desconocimiento tienen de la macroeconomía!)

Espero que el ejecutivo sea sensato y apueste a fondo por Eurovegas. Si finalmente se ubica en Catalunya, la recuperación económica será  más fácil y rápida.

Tienen como principal objetivo colocar el producto del mes. Buscan que la entidad obtenga la máxima rentabilidad, aunque para conseguirla hayan de perjudicar al cliente. Debido a ello, no suele importarles colocarle a uno muy conservador un activo arriesgado. Algunos ejecutivos sin escrúpulos les han enseñado que el fin (el banco debe ganar mucho dinero) justifica los medios (engañar por acción u omisión).
En bastantes ocasiones, han tomado el pelo a sus clientes. No obstante, éstos no se han enterado, ya que han conservado el importe invertido y obtenido alguna rentabilidad, aunque ésta fuera inferior a la posible. Así, por ejemplo, varias entidades han comercializado con éxito bonos propios a un tipo de interés inferior a los del Estado. Sin duda, una auténtica paradoja: el activo de mayor riesgo es el que ofrece una menor rentabilidad.
No obstante, recientemente algunos se han dado cuenta. Ha sucedido cuando han querido recuperar el dinero invertido en participaciones preferentes. Les dijeron que era un producto seguro (similar a un depósito) y muy líquido. En las últimas semanas, han descubierto la verdad. Tienen un escaso riesgo si la economía va bien, la entidad también y existe una gran liquidez en la economía. En cambio, aquél es elevado si sucede lo contrario. Nadie les contó que sólo obtendrían la rentabilidad prevista si el banco obtenía beneficios, ni que podría ser muy difícil encontrar un comprador ni tampoco que existía la posibilidad de que perdieran la totalidad o parte del dinero invertido si el banco desaparecía. Algunos que las han vendido en el mercado secundario han perdido alrededor del 40%

Las entidades popularizaron las participaciones preferentes porque el Banco de España las consideraba como capital de máxima calidad. Ahora, ya no les interesan debido a que no lo hace así la Autoridad Bancaria Europea. Por eso, todos los bancos pretenden canjearlas por acciones, ya sea de forma inmediata o después de un tiempo (bonos convertibles).
En definitiva, inversores conservadores engañados acabarán contratando un activo de elevado riesgo en la actual coyuntura (acciones de bancos). Es la solución menos mala y puede convertirse a medio plazo en muy rentable, si las condiciones de conversión son buenas y la entidad no quiebra. Sin embargo, jamás volverán a confiar en su banco.  Un verdadero ejemplo de mala gestión y alguna cosa más.

El diseño institucional obliga a adoptar por unanimidad las decisiones más importantes. En algunas ocasiones, su refrendo por los Parlamentos de todos los países miembros hace extremadamente lenta la respuesta a cualquier nuevo desafío económico. Un ejemplo es la ampliación del Fondo de Estabilidad Financiera. La negociación empezó en marzo, en la actualidad aún quedan flecos por pulir.

Los principios económicos en los que se sustenta la UME fueron ideados por financieros e impuestos por Alemania. Son principalmente dos: una inflación casi inexistente y un déficit público muy reducido. Para garantizar la consecución del primero, se creó un banco central que tenía como principal y casi única misión explícita la estabilidad de precios. Con la finalidad de cumplir el segundo, se puso en marcha el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que limitaba el déficit al 3% del PIB.

No se dio importancia a variables claves en la economía real, tales como el nivel de paro o la necesidad de financiación exterior, ni tampoco a la sostenibilidad de los modelos de crecimiento económico, ya que los mercados financieros consideran que son aspectos secundarios en relación a los anteriores.

Dichos principios auguraban una edad dorada para la banca de inversión en Europa. Así, una inflación muy reducida hace más atractiva la Bolsa. Un escaso déficit presupuestario comporta una pequeña nueva oferta de deuda pública y permite la comercialización de una elevada cuantía de deuda privada a unos bajos tipos de interés. Una gran paradoja aparecía: el endeudamiento público es malo, el privado bueno.

La deuda privada, y no la pública, es la culpable de la actual crisis. No es  nueva, sino la prolongación de la iniciada en el verano de 2007. Para impedir una espectacular recesión, el remedio tradicional, aquél que funciono en la década de los 30, indica que se debe realizar una política de gran y continuada expansión de la demanda por parte del sector público. El BCE no lo ha hecho porque ha sido creado para reducirla. Los diferentes gobiernos únicamente en 2009, pues, posteriormente, la guardiana de la ortodoxia financiera (Angela Merkel)  les ha obligado a efectuar una gran austeridad. El resultado: una crisis que va más y un proyecto histórico (la UME) en trance de desaparición.

Esta obligación impuesta por Alemania supone combatir una crisis generada por la falta de demanda del sector privado con una reducción del gasto público. Sin duda, una verdadera incongruencia. El resultado: el año próximo será peor que el actual, España volverá a entrar en recesión y el número de parados superará los 5.300.000

El incumplimiento del compromiso de déficit público de 2011 (excederá el 6% del PIB) obligará a Rajoy a realizar un gran ajuste económico. No debería hacerlo por fases (a lo Zapatero), sino de golpe. Es decir, todas las medidas urgentes en un único paquete. Las principales probablemente sean: una subida del IVA del 18% al 21%,  un aumento del tipo de todos o algunos de los impuestos especiales (alcohol, tabaco y gasolina) y la reducción del salario de los funcionarios

Sin dilación, el nuevo gobierno debería impulsar el saneamiento definitivo del sistema bancario a través de estimular una nueva ronda de fusiones entre entidades, la venta de alguna al capital extranjero y el reconocimiento de las verdaderas pérdidas generadas por el aumento de la morosidad y la explosión de la burbuja inmobiliaria. La mejora de la solvencia bancaria contribuirá a reducir el riesgo país y normalizar el flujo de préstamos a familias y empresas, así como a impulsar el crecimiento económico.

Una reforma de la negociación colectiva o nuevas disposiciones (por ejemplo, la cobertura legal de los mini-empleos de 400 euros) que tiendan a reducir el coste laboral no impulsaran en una significativa medida la creación de ocupación en el 2012. El trabajo se genera cuando aumenta la demanda de bienes, pero no si disminuye, cobren casi lo que cobren los trabajadores. No obstante, en los años venideros, sería una forma de fomentar las nuevas contrataciones por parte de pymes, así como de proporcionar un empleo a una significativa parte de la población activa expulsada del sector de la construcción y sin formación cualificada. Es mejor que un trabajador esté mal pagado que parado.

La existencia también de una crisis de oferta, derivada de un modelo productivo inadecuado y desfasado, obligará al nuevo gobierno a realizar más adelante nuevas y profundas reformas estructurales (Administración Pública, sanidad, etc.). España no sólo debe cambiar, sino reinventarse económicamente.

No obstante, dada la coyuntura actual, en los próximos dos años no sólo es necesario que Rajoy acierte, sino también Angela Merkel. Es difícil, pero no imposible.