Tienen como principal objetivo colocar el producto del mes. Buscan que la entidad obtenga la máxima rentabilidad, aunque para conseguirla hayan de perjudicar al cliente. Debido a ello, no suele importarles colocarle a uno muy conservador un activo arriesgado. Algunos ejecutivos sin escrúpulos les han enseñado que el fin (el banco debe ganar mucho dinero) justifica los medios (engañar por acción u omisión).
En bastantes ocasiones, han tomado el pelo a sus clientes. No obstante, éstos no se han enterado, ya que han conservado el importe invertido y obtenido alguna rentabilidad, aunque ésta fuera inferior a la posible. Así, por ejemplo, varias entidades han comercializado con éxito bonos propios a un tipo de interés inferior a los del Estado. Sin duda, una auténtica paradoja: el activo de mayor riesgo es el que ofrece una menor rentabilidad.
No obstante, recientemente algunos se han dado cuenta. Ha sucedido cuando han querido recuperar el dinero invertido en participaciones preferentes. Les dijeron que era un producto seguro (similar a un depósito) y muy líquido. En las últimas semanas, han descubierto la verdad. Tienen un escaso riesgo si la economía va bien, la entidad también y existe una gran liquidez en la economía. En cambio, aquél es elevado si sucede lo contrario. Nadie les contó que sólo obtendrían la rentabilidad prevista si el banco obtenía beneficios, ni que podría ser muy difícil encontrar un comprador ni tampoco que existía la posibilidad de que perdieran la totalidad o parte del dinero invertido si el banco desaparecía. Algunos que las han vendido en el mercado secundario han perdido alrededor del 40%

Las entidades popularizaron las participaciones preferentes porque el Banco de España las consideraba como capital de máxima calidad. Ahora, ya no les interesan debido a que no lo hace así la Autoridad Bancaria Europea. Por eso, todos los bancos pretenden canjearlas por acciones, ya sea de forma inmediata o después de un tiempo (bonos convertibles).
En definitiva, inversores conservadores engañados acabarán contratando un activo de elevado riesgo en la actual coyuntura (acciones de bancos). Es la solución menos mala y puede convertirse a medio plazo en muy rentable, si las condiciones de conversión son buenas y la entidad no quiebra. Sin embargo, jamás volverán a confiar en su banco.  Un verdadero ejemplo de mala gestión y alguna cosa más.

El diseño institucional obliga a adoptar por unanimidad las decisiones más importantes. En algunas ocasiones, su refrendo por los Parlamentos de todos los países miembros hace extremadamente lenta la respuesta a cualquier nuevo desafío económico. Un ejemplo es la ampliación del Fondo de Estabilidad Financiera. La negociación empezó en marzo, en la actualidad aún quedan flecos por pulir.

Los principios económicos en los que se sustenta la UME fueron ideados por financieros e impuestos por Alemania. Son principalmente dos: una inflación casi inexistente y un déficit público muy reducido. Para garantizar la consecución del primero, se creó un banco central que tenía como principal y casi única misión explícita la estabilidad de precios. Con la finalidad de cumplir el segundo, se puso en marcha el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que limitaba el déficit al 3% del PIB.

No se dio importancia a variables claves en la economía real, tales como el nivel de paro o la necesidad de financiación exterior, ni tampoco a la sostenibilidad de los modelos de crecimiento económico, ya que los mercados financieros consideran que son aspectos secundarios en relación a los anteriores.

Dichos principios auguraban una edad dorada para la banca de inversión en Europa. Así, una inflación muy reducida hace más atractiva la Bolsa. Un escaso déficit presupuestario comporta una pequeña nueva oferta de deuda pública y permite la comercialización de una elevada cuantía de deuda privada a unos bajos tipos de interés. Una gran paradoja aparecía: el endeudamiento público es malo, el privado bueno.

La deuda privada, y no la pública, es la culpable de la actual crisis. No es  nueva, sino la prolongación de la iniciada en el verano de 2007. Para impedir una espectacular recesión, el remedio tradicional, aquél que funciono en la década de los 30, indica que se debe realizar una política de gran y continuada expansión de la demanda por parte del sector público. El BCE no lo ha hecho porque ha sido creado para reducirla. Los diferentes gobiernos únicamente en 2009, pues, posteriormente, la guardiana de la ortodoxia financiera (Angela Merkel)  les ha obligado a efectuar una gran austeridad. El resultado: una crisis que va más y un proyecto histórico (la UME) en trance de desaparición.

Esta obligación impuesta por Alemania supone combatir una crisis generada por la falta de demanda del sector privado con una reducción del gasto público. Sin duda, una verdadera incongruencia. El resultado: el año próximo será peor que el actual, España volverá a entrar en recesión y el número de parados superará los 5.300.000

El incumplimiento del compromiso de déficit público de 2011 (excederá el 6% del PIB) obligará a Rajoy a realizar un gran ajuste económico. No debería hacerlo por fases (a lo Zapatero), sino de golpe. Es decir, todas las medidas urgentes en un único paquete. Las principales probablemente sean: una subida del IVA del 18% al 21%,  un aumento del tipo de todos o algunos de los impuestos especiales (alcohol, tabaco y gasolina) y la reducción del salario de los funcionarios

Sin dilación, el nuevo gobierno debería impulsar el saneamiento definitivo del sistema bancario a través de estimular una nueva ronda de fusiones entre entidades, la venta de alguna al capital extranjero y el reconocimiento de las verdaderas pérdidas generadas por el aumento de la morosidad y la explosión de la burbuja inmobiliaria. La mejora de la solvencia bancaria contribuirá a reducir el riesgo país y normalizar el flujo de préstamos a familias y empresas, así como a impulsar el crecimiento económico.

Una reforma de la negociación colectiva o nuevas disposiciones (por ejemplo, la cobertura legal de los mini-empleos de 400 euros) que tiendan a reducir el coste laboral no impulsaran en una significativa medida la creación de ocupación en el 2012. El trabajo se genera cuando aumenta la demanda de bienes, pero no si disminuye, cobren casi lo que cobren los trabajadores. No obstante, en los años venideros, sería una forma de fomentar las nuevas contrataciones por parte de pymes, así como de proporcionar un empleo a una significativa parte de la población activa expulsada del sector de la construcción y sin formación cualificada. Es mejor que un trabajador esté mal pagado que parado.

La existencia también de una crisis de oferta, derivada de un modelo productivo inadecuado y desfasado, obligará al nuevo gobierno a realizar más adelante nuevas y profundas reformas estructurales (Administración Pública, sanidad, etc.). España no sólo debe cambiar, sino reinventarse económicamente.

No obstante, dada la coyuntura actual, en los próximos dos años no sólo es necesario que Rajoy acierte, sino también Angela Merkel. Es difícil, pero no imposible.