El pasado martes, algunos analistas indicaban que los mercados financieros habían provocado el anuncio de dimisión de Berlusconi. Aunque les reconozco un gran poder e influencia, considero que no poseen la suficiente para hacer caer al presidente del gobierno de una de las principales potencias mundiales. Un político que en las últimas semanas no había hecho nada diferente de lo que llevaba haciendo durante años.

El asesino político de Berlusconi ha sido el BCE. El arma del crimen ha sido su premeditada desidia, es decir, su escasa intervención en el mercado de deuda pública italiana. Últimamente, no la ha adquirido en la cuantía suficiente. Por tanto, ha permitido que su prima al riesgo superase los 500 puntos básicos (el 5%). En algunos momentos, su rentabilidad ha llegado a situarse por encima del 7%, un nivel que complica notoriamente conseguir a la vez un significativo crecimiento económico y continuar pagando los intereses de la deuda.

No obstante, la autora intelectual de su muerte política creo que ha sido Angela Merkel, con el consentimiento de Sarkozy. Indiscutiblemente, si algunas semanas atrás hubiera contado en el Congreso con los apoyos suficientes para aprobar las medidas que le demandaban, ahora sólo estaría herido. Probablemente, de muerte, pero su desaparición política no sería instantánea. Hasta hace poco, un ejemplo de disciplina fue Papandreu. Su final no ha sido mejor que el de Berlusconi.

Detrás de esta historia, hay una pregunta: ¿por qué no ha comprado más deuda pública italiana el BCE? Por temor a generar una elevada futura inflación. Increíblemente, numerosos políticos alemanes y algunos economistas ortodoxos piensan que ahora existe el riesgo de que un súbito incremento de la velocidad de circulación del dinero, generado por un gran aumento de la confianza de familias y empresas (????), dispare al alza la inflación. Desde mi perspectiva, una posibilidad inexistente, dada la gran restricción de crédito actual.

En todos los pueblos, la historia importa y mucho. No obstante, posiblemente afecte a su pensamiento actual más a los ciudadanos alemanes que a cualesquiera otros. Debido a ello, la creencia de que la hiperinflación de finales de la década de los 20 fue una de las causas de la llegada de Hitler al poder, hace que sus dirigentes sean en materia de inflación excesivamente precavidos y algunas veces la vean donde no la hay.

En resumen, esta semana hemos asistido en Europa a un despropósito más: poner a Italia al borde del rescate económico. En los 90, la mayoría de los políticos europeos creía que era impensable una UME sin el país transalpino. Por eso nadie se opuso al establecimiento de un impuesto transitorio para reducir el déficit público al nivel del 3% del PIB. En 2011 sigue siendo así.

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En la última cumbre, los líderes europeos volvieron a errar en su diagnóstico. El resultado: la UME está un poco más cerca del abismo. El principal problema de Grecia no es su elevada y creciente deuda pública, sino su falta de competitividad. Aquélla es en gran medida el resultado de ésta. Una vez más, han confundido una consecuencia con la causa del problema.

La entrada en la zona euro conllevó para la economía helena dos principales repercusiones: una abundante y barata financiación extranjera y la renuncia a la moneda nacional. La elevada disponibilidad de fondos financió una política populista, generadora de un sobredimensionado sector público y de un gran aumento de las prestaciones sociales. Las reformas estructurales fueron prácticamente inexistentes y el constante diferencial de inflación acabo hundiendo la escasa competitividad que poseía el país. En 2009, Grecia era el país que vivía más por encima de las posibilidades de la UME.

En este contexto, es muy probable que un intenso ajuste económico conduzca a corto plazo a una gran recesión, no permita recuperar al país la suficiente competitividad y genere un estallido popular. Es decir, conlleve una crisis social y económica. Ambas tuvieron lugar en Argentina hace una década. La primera provocó la dimisión del presidente De la Rúa (finales de 2001), la segunda supuso una elevada caída del PIB (un 10,9% en 2002). Fueron el resultado de una política económica basada en el mantenimiento del tipo de cambio del peso respecto al dólar, un elevado tipo de interés real y una contracción del gasto público.

Dado el precedente argentino, creo que la mejor opción para Grecia sería la salida de la UME y la aparición de una nueva dracma cuyo valor sería aproximadamente la mitad que el del euro. No creo que la población sea capaz de resistir pacíficamente el aumento del paro, la reducción de prestaciones sociales y de salarios nominales que comportaría el proceso de ajuste. Éste, después de un considerable período y con grandes costes sociales y políticos, conseguiría lo mismo que la devaluación en un solo día: la recuperación de la competitividad perdida. Aunque tarde, Papandreu se ha dado cuenta. Por eso, convoco el referéndum. No obstante, su escasa credibilidad interna, mermada por la realización de continuos infructuosos ajustes, le ha impedido liderar el proceso.

Creo que a Grecia le irá mejor fuera que dentro de la UME. Así le pasó a Argentina cuando decidió desvincular el peso del dólar. Aunque declaró temporalmente el impago de su deuda pública y estableció un corralito, en el año 2003 su PIB ya crecía un 8,8%. Entre 2006 y 2010, con la ayuda del boom de las materias primas, lo ha hecho en promedio en un 6,7% (más que Brasil). Indiscutiblemente, Argentina no es un ejemplo perfecto, pero si posiblemente un buen espejo donde Grecia debería mirarse.

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En la etapa de la burbuja, la demanda de viviendas era casi infinita y la oferta relativamente escasa. Los pisos no se vendían, sino que se compraban. Las agencias colocaban todos los inmuebles que poseían en cartera, aunque algunos fueran muy caros, tuvieran una pésima ubicación o un desastroso estado de conservación. Por tanto, en la intermediación de pisos usados, la clave del negocio estaba en la captación de propiedades.

La principal técnica de captación consistía en la sobrevaloración del inmueble por parte de un perito. En realidad, actuaba más como un comercial camuflado que como un verdadero tasador. Estaba convencido de que cuanto mayor fuera la valoración del piso, más contento estaría el propietario y más posibilidades tendría de incorporarlo a su cartera. No le importaba que el importe fijado fuera muy superior al observado en el mercado, ya que la prevista subida del precio de la vivienda pronto haría que ambos coincidieran.

En la actualidad, la demanda es escasa y la oferta extraordinariamente abundante en numerosas localidades. Una coyuntura diametralmente opuesta a la advertida un lustro atrás. Ahora, quién vende no es quién tiene una gran cartera de pisos, sino quién es capaz de atraer demandantes solventes. Sin embargo, la mayoría de agencias continua operando como si nada hubiera cambiado en el mercado residencial. El marketing sigue orientado hacia la oferta y desprecia la demanda. No la busca, entre otras razones, por qué no sabe dónde la puede encontrar.

La aplicación de las tradicionales técnicas de captación está engañando a los verdaderos interesados en comprar una vivienda. Al sobrevalorarlas, les hace creer que los importes de venta han bajado muy poco y, por tanto, les conviene esperar algún año más. Ignoran que en numerosas ocasiones la diferencia entre el precio ofertado y el acordado, después de un intenso regateo,  se sitúa en torno al 25%.

Increíblemente, los precios establecidos no sirven para incentivar la demanda, sino para espantarla. Por un lado, por qué los intermediarios quieren quedar bien con los propietarios, quiénes están atrapados en el tiempo (en 2007). Por el otro, por qué tienen la esperanza de que aparezca un “mirlo blanco”, es decir, un tontito que no les regatee el elevadísimo precio. No se dan cuenta de que es una especie extinguida.

Por tanto, creo que las agencias inmobiliarias deben hacer dos principales cambios. En primer lugar, concentrarse en encontrar verdaderos demandantes, fidelizarlos y ofrecerles diversas oportunidades. En segundo lugar, variar totalmente el sistema de fijación de precios de su cartera. Deberían negarse a publicitar precios muy sobrevalorados y sólo ofrecer viviendas al precio vigente en el mercado o por debajo de él. Si no lo hacen así, probablemente la crisis les parecerá casi eterna.

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Un concepto del pasado vuelve a ponerse de actualidad: una Europa a dos velocidades. En la década de los 90,  implicaba dividir la Unión Europea en dos partes: los países que cumplían los criterios de convergencia y los que no. Los primeros, si querían, formarían parte de la UME y adoptarían el euro como moneda común; los segundos, se quedarían en la sala de espera y continuarían con su divisa histórica. En 1999, excepto Grecia, todas las naciones que lo desearon entraron en el selecto club.

Ahora, según un globo sonda convertido ayer en noticia, Alemania y Francia quieren dividir la UME en dos secciones. La exquisita estaría formada por los países austeros; la vulgar por los malgastadores. Aunque nadie lo ha dicho, supongo que la primera tendría como moneda al euro; en cambio, la segunda debería acuñar una nueva. Como tendría un prestigio inferior y sería un sucedáneo de la anterior, sugiero que se le denomine eurillo. La podríamos considerar como la peseta del siglo XXI.

Sinceramente, no creo que nadie con sentido común plantee seriamente una UME a dos velocidades, ya que no es lo mismo impedir la entrada en la zona euro a un país que expulsar de ella a prácticamente la mitad de sus miembros actuales. Si así sucediera, ya fuera por impago o por pérdida de valor en el mercado de la deuda de los países expulsados, los bancos franceses y alemanes quebrarían. Su rescate tendría un elevadísimo coste, la desconfianza de las familias y empresas llegaría a niveles desconocidos, el crédito prácticamente desaparecía y la recesión en ambos países sería impresionante. No sería un despropósito más, sino el último de Merkel y Sarkozy.

En la actualidad, el debate sobre el futuro de la zona euro es otro. El dilema está en decidir si la actual UME (con la excepción de Grecia y posiblemente también de Portugal) se convierte en el embrión de los Estados Unidos de Europa o si la moneda única desaparece. Es decir, más unión o total desunión. Les guste o no a los alemanes y franceses, sin Italia y España la UME no tiene ningún futuro.

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Desde el lado de la demanda, existen dos principales políticas económicas: la monetaria y la fiscal. En términos coloquiales, podemos considerar a ambas como la mano derecha e izquierda, respectivamente, de los gestores económicos de un país. Desde la década de los 30, especialmente después de la aparición del libro de Keynes: “La teoría de la ocupación, el interés y el dinero”, existe un relativo consenso entre los economistas respecto a que ambas políticas son necesarias en la mayoría de las ocasiones para gestionar con éxito la economía de un país.

La mano izquierda, ahora que se va, Zapatero la pretende cortar a sus sucesores, al reformar la Constitución y establecer en ella un límite implícito al déficit público estructural. Ya está de acuerdo Rajoy, que siempre ha pensado que dicha mano le sobraba. Así, aunque nadie se la cortara, él la pensaba inutilizar. La considera “la mano tonta”, igual que la mayoría de los políticos republicanos de Estados Unidos. Por el contrario, dudo que le haga ninguna gracia a Rubalcaba quedarse en plena campaña sin mano izquierda. Con una sola medida, Zapatero le ha liquidado una gran parte de su programa económico electoral. A partir de ahora, el candidato socialista puede seguir proponiendo lo mismo que antes, no obstante, es escasamente creíble que lo pueda cumplir, aunque dicha limitación entre efectivamente en vigor en el 2020. Hechos como éste, demuestran que el principal adversario de Rubalcaba es Rajoy, pero su enemigo más acérrimo es Zapatero. ¡Y aún le queda dos meses y medio de gobierno!

Desde una perspectiva exclusivamente económica, me parece una insensatez limitar el déficit público estructural. En primer lugar, creo escasamente inteligente enterrar el legado de Keynes y despreciar de forma casi absoluta la capacidad de la política fiscal para adelantar la salida de una crisis. A partir de ahora, la lucha contra las recesiones económicas se hará prácticamente con las mismas armas que se realizaba en el siglo XIX. En segundo lugar, implícitamente supone asumir la escasa y cada vez menor importancia que los políticos otorgan a la distribución de la renta entre la población. Sin una potente política fiscal, en los próximos años presumiblemente aquélla será más desigual de lo que es ahora. Otra vez más, Zapatero ha hecho lo contrario de lo que ha dicho. En tercer lugar, la variable escogida a limitar tiene un serio problema de definición. No hay un elevado consenso entre los economistas respecto a qué partidas forman parte del gasto público estructural y cuáles lo constituyen coyuntural. En cuarto lugar, reformar la Constitución para incorporar en ella dicha limitación, me parece sencillamente “matar moscas a cañonazos”, ya que bastaría con reflejarla en una ley de estabilidad presupuestaria (una norma con la que acabó Zapatero). Finalmente, estimo que es una auténtica ingenuidad creer que, copiando la reforma económica de la Constitución alemana de 2009, los mercados considerarán a partir de ahora a España como Alemania bis y los problemas de financiación de nuestro país desaparecerán. Dichos problemas acabarán con seguridad cuando el PIB vuelva a crecer de forma regular por encima del 2%, un aspecto que aún tardará en llegar.

En resumen, otro paso más hacia atrás. Probablemente, la salida de la crisis esté más lejos de lo que estaba. También un buen ejemplo de que Alemania también se equivoca. Una pregunta clásica me vuelve a la mente: ¿qué hemos hecho los ciudadanos para merecernos esto?  Indudablemente, la respuesta es larga y compleja.

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El próximo 1 de noviembre, Trichet dejará la presidencia del BCE. Cree que lo ha hecho muy bien, ya que ha cumplido con la principal misión encomendada: mantener la inflación a un reducido nivel. No estoy de acuerdo. Estimo que su gestión ha constituido un gran fracaso y le considero parcialmente culpable de muchos de los problemas actuales de la UME.

Es verdad que los estatutos del BCE dicen que su prioridad es la estabilidad de precios. No obstante, el sentido común indica que debe lograrla sin perjudicar innecesariamente al crecimiento económico. Cualquiera sería capaz de conseguir una baja tasa de inflación, ya que para ello bastaría con establecer de forma permanente un elevado tipo de interés. Sin embargo, sólo un magnífico gestor es capaz de combinar durante una prolongada etapa un considerable aumento del PIB y un escaso crecimiento de los precios. Sin duda, Trichet no lo ha conseguido.

Su primer importante error fue la realización de una política monetaria excesivamente expansiva durante 2004 y 2005. Generó una gran expansión del crédito y provocó durante algunos períodos que el precio de casi cualquier activo subiera en una elevada medida, tanto los defensivos (oro y bonos) como los agresivos (acciones y vivienda). Un tipo de interés de referencia tan bajo durante tanto tiempo contribuyó en gran medida a la generación de diversas burbujas inmobiliarias.

No obstante, su fallo más clamoroso lo cometió durante los primeros meses de 2008. Confundió una crisis de demanda con una de oferta. Es decir, el tocino con la velocidad. Creyó que el principal problema de la economía europea sería la inflación generada por un gran aumento del precio del petróleo y minusvaloró los efectos sobre el PIB derivados de la falta de solvencia y liquidez del sector bancario. Mientras el BCE subía el interés, la Reserva Federal lo bajaba. En 2009,  la tasa de inflación de la UME fue del 0,3% (mínimo histórico).

En 2011 ha vuelto a tropezar con la misma piedra. Intuyó un futuro aumento de la inflación estructural y subió el tipo de interés del 1% al 1,5%. Pocas semanas más tarde, el consenso era total: en la UME no hay un problema de inflación, sino de crecimiento. No obstante, su gran ego le ha impedido reconocer públicamente su error y bajar en la última reunión del BCE la tasa de referencia al 1%.

Probablemente, EE.UU le añore. Una equivocada política de tipos de cambio ha eliminado numerosos empleos en Europa y creado allí otros muchos, al desplazar  demanda desde la primera área hacia la segunda. Durante su mandato, el euro llegó a apreciarse con respecto al dólar un 37,9% (13 de julio de 2008), a pesar de que casi siempre EE.UU ha tenido un crecimiento del PIB superior al de la UME.

En definitiva, en materia de política monetaria, en la zona euro sólo podemos mejorar.

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Un antiguo sueño de los políticos europeístas está en peligro: los Estados Unidos de Europa (EUE). No constituía un logro a obtener en un plazo determinado, sino el objetivo final de una integración que empezó en 1951 con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. El propósito era retornar al viejo continente la supremacía mundial a nivel político y económico. Para ello, es necesario que los EUE sean un extenso club que integre a las naciones del Sur y del Este, sin descartar a Rusia.

En la actualidad, la UME es el embrión de los Estados Desunidos de Europa, lo contrario de lo que estaba destinada a ser. Las principales razones son: una escasa supervisión de las políticas económicas nacionales, un inadecuado diseño del BCE, el rechazo implícito de los alemanes a los EUE y la falta de liderazgo de Merkel.

El primer motivo explicaría por qué fueran aceptadas por la Comisión Europea las falsas cifras presentadas por Grecia, aplaudidos modelos económicos insostenibles a medio plazo, consentido el excesivo endeudamiento exterior de algunos países y escasamente impulsadas necesarias reformas estructurales.

El segundo ha contribuido a generar un banco central que ha constituido una auténtica rémora para la estabilidad económica. Ha infravalorado la repercusión de sus decisiones sobre cualquier variable que no fuera la tasa de inflación, no ha liderado la reforma del sistema financiero europeo, no ha actuado de manera preventiva para impedir o dificultar la aparición de crisis de la deuda en diversos países y se ha equivocado al subir el tipo de interés de referencia en períodos de gran debilidad (julio de 2008 y 2011).

Sin una moneda común, es imposible que haya unos verdaderos EUE. La salvación actual del euro, así como la incorporación a la UME de nuevos países, hace imprescindible la realización de elevadas transferencias de capitales desde los países económicamente más fuertes a los más débiles. Éstas son rechazadas por los alemanes. Ven sus probables negativos efectos a corto plazo (aumento de impuestos y/o reducción de prestaciones sociales), pero no sus positivas repercusiones futuras (crecimiento del empleo y de los salarios).

Merkel no es una estadista, sino una populista que gobierna al dictado de las encuestas. Su radical cambio en materia de energía nuclear constituye un ejemplo. Debido a ello, no es capaz de imponer las tesis europeístas en Alemania, aunque le reporten al país considerables beneficios futuros. Una sustancial diferencia con Kohl, quién se negó a realizar un referéndum sobre el cambio del marco al euro.

Probablemente, la falta de liderazgo sea el principal problema reseñado. Es un mal internacional y una de las causas por las que la economía mundial no acaba de salir de la crisis. ¿La solución? A corto plazo, no existe.

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Incertidumbre es la palabra de moda en Europa. La reciente evolución de los mercados financieros así lo atestigua. Viene principalmente generada por la falta de liderazgo: ningún político europeo es capaz de tomar una decisión definitiva respecto al futuro de la economía helena. Llevan más de un año y medio preguntándose: ¿qué hacemos con Grecia?
Las dudas permanentes han provocado que la mayoría de las medidas adoptadas fueran provisionales, forzadas por los inversores y destinadas prioritariamente a ganar tiempo. En realidad, éste se ha perdido lastimosamente, ya que  la coyuntura económica de Grecia se ha deteriorado notablemente. Antes el país estaba enfermo, ahora vive en la UCI.
Su negativa evolución es principalmente culpa del médico, es decir, del trío formado por la Comisión Europea, el BCE y el FMI. Le han obligado a efectuar una errónea política económica. La austeridad, los ajustes y el elevado tipo de interés pagado por los préstamos del primer rescate han reducido su PIB y, por tanto, su capacidad de pago. Ningún banco ya se fía de Grecia y, por tanto, nadie le quiere prestar capital.
Su desesperada situación obliga a los líderes europeos a hacer frente de forma rápida a un dilema: el rescate definitivo o la expulsión de la zona euro. Ambas soluciones tienen un elevado coste económico. Es la consecuencia de una errónea gestión europea de la crisis financiera de 2008. Si aquél no quiere ser asumido por los países más ricos, el euro probablemente desaparecerá.
El rescate definitivo implicaría que los ciudadanos ahorradores del Norte donan de forma casi permanente una parte de su capital a los despilfarradores griegos. No serían transferencias para mejorar la productividad, sino simplemente manutención de un país que vive por encima de sus posibilidades. Constituiría un peligroso precedente, tendría un gran coste político y no solucionaría los problemas de competitividad de su economía.
El abandono del euro sería la mejor solución para todos. Le permitiría a Grecia devaluar en una elevada medida su moneda y volver a aumentar su PIB de forma rápida (sería una “solución a la argentina”). Implicaría el impago temporal de su deuda pública y comportaría grandes pérdidas para los bancos europeos
Con la finalidad de evitar una nueva crisis financiera, la UME procedería a recapitalizarlos. Para impedir que los inversores presionaran a abandonar el euro a otros países, debería crearse a nivel europeo un Tesoro que emitiera eurobonos y un gobierno económico que, entre otras atribuciones, desarrollara una política fiscal relativamente uniforme.
Si nuestros políticos son valientes y escogen la opción correcta, la integración económica y política daría un gran paso adelante. Si así sucediera,  la sabiduría popular volvería a acertar: “no hay mal que por bien no venga”.

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En materia económica, el Partido Republicano de Estados Unidos tiene el reloj parado. Se le estropeó en el segundo mandato de Reagan. En los últimos 25 años, su ideología económica ha permanecido prácticamente invariable. En cada elección, la esencia de su discurso ha sido siempre la misma: “debemos reducir los impuestos y bajar el gasto público, con la finalidad de impulsar el PIB y conseguir un presupuesto equilibrado”.

No obstante, la teoría no ha coincidido con la realidad. Todos los presidentes republicanos de las últimas tres décadas han legado un elevado déficit a sus sucesores. En su último año de mandato, Reagan, Bush sénior y junior llevaron el desequilibrio presupuestario al nivel del 3,8%, 5,8% y 5,9% del PIB, respectivamente. Dos constituyeron los principales motivos: los ingresos tributarios no aumentaron en la medida prevista (la curva de Lafer no se cumplió) y el recorte del gasto público fue insuficiente. Por el contrario, el demócrata Clinton dejó la presidencia con un superávit del 1,6% del PIB.

En términos macroeconómicos, a principios de la década de los 80, la receta republicana probablemente fuera la correcta. Una economía en crisis, un elevado nivel de inflación, un creciente desempleo y una cada vez mayor intervención estructural de la Administración, hacían necesario un radical cambio de la política económica. La solución keynesiana no había servido para volver a los niveles de actividad y empleo anteriores a la crisis de 1973.

Desde mi perspectiva, las medidas adecuadas para aquél período no son ahora las acertadas. El elevado nivel de deuda de las familias y empresas de EE.UU. impediría que una reducción de impuestos aumentara en una elevada medida el consumo y la inversión privada. Por otra parte, el deterioro de algunas de sus principales infraestructuras hace cada vez más necesario un mayor esfuerzo inversor por parte de la Administración.

Debido a ello, con posterioridad a la quiebra de Lehman Brothers, estimo que las medidas económicas adoptadas han sido las correctas. La combinación de una política monetaria y fiscal fuertemente expansiva, unida a la depreciación del dólar respecto a la mayoría de las principales divisas, ha permitido a EE.UU. conseguir un incremento del PIB del 2,9% en 2010 y empezar a reducir el elevado nivel de desempleo generado por la crisis (llegó a situarse en el 9,8%). A diferencia de numerosos países de Europa, en el pasado ejercicio EE.UU. consiguió sustituir la recesión por una prometedora recuperación, en lugar de por el estancamiento económico. No obstante, la contrapartida ha sido un déficit del 10,6% del PIB, un nivel que la Administración necesariamente debe reducir en los próximos años.

Sin embargo, la manera más adecuada de lograrlo no consiste en fijar un estricto límite de deuda pública que obligue a una gran reducción del gasto, tal y como pretenden los republicanos. Según mi opinión, el aumento de la presión fiscal sobre las familias más ricas y las grandes corporaciones, la reducción de algunos gastos sociales y una más favorable coyuntura económica, podrían generar la mejora del saldo presupuestario necesaria para reducir de forma paulatina el actual nivel de déficit público.

Si los republicanos no ceden y la Administración no puede devolver la deuda vencida y pagar los correspondientes intereses, la recesión retornará a EE.UU. y la economía internacional regresará a la situación de 2008. Es decir, se producirá una notable caída del PIB mundial y volverá a cuestionarse la continuidad de la versión actual del capitalismo. En términos económicos, la principal pretensión de la actuación será la preservación de los intereses de determinados grupos de presión. Desde una perspectiva política, constituirá un jaque a Obama, realizado para deteriorar sus expectativas electorales, pero también al conjunto de los ciudadanos del país. No es suficiente con una ampliación escasa y extremadamente limitada en el tiempo (hasta fin de año). Una propuesta así, realizada por los republicanos, únicamente tiene como objetivo repetir en diciembre la tensión y la incertidumbre actual. Según mi opinión, la cuantía extra tendría que ser relativamente elevada (la política fiscal debería ser sólo moderadamente contractiva) y la duración del acuerdo extenderse más allá de las elecciones de noviembre de 2012 (por ejemplo, hasta el 30 de junio de 2013).

Indudablemente, este tema creo que merece la realización de algunas reflexiones. En primer lugar, la actuación de los republicanos les está haciendo más impopulares a ellos que a Obama. Por tanto, es a su futuro candidato a quién principalmente están perjudicando. Probablemente, estén cometiendo un suicido electoral. En segundo lugar, los intereses del país deberían estar por encima de los del partido o de los de determinados grupos de presión, especialmente en una coyuntura como la actual. Después de su actual comportamiento, será más difícil que los ciudadanos piensen en los legisladores republicanos como unos verdaderos patriotas, un calificativo que se adjudican con suma facilidad. Finalmente, la falta de consenso entre los políticos en un tema clave deteriora sumamente la imagen internacional de Estados Unidos y perjudica sus posibilidades de liderazgo futuro.

Debido a todas las anteriores razones, espero que la racionalidad impere y, aunque sea en el último minuto, se logre un fructífero acuerdo. Si no sucede así, creo que ni ustedes ni yo pasaremos un buen verano.

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