Se presentan como asesores financieros, pero actúan como comerciales. A veces, dicen medias verdades; en otras ocasiones, ni tan sólo eso.  Están convencidos de que procediendo de este modo conseguirán un rápido ascenso y/o un suculento bonus. Trabajan en las oficinas bancarias. Ni mucho menos todos son así, pero cada vez hay más empleados con este perfil.

Tienen como principal objetivo colocar el producto del mes. Buscan que la entidad obtenga la máxima rentabilidad, aunque para conseguirla hayan de perjudicar al cliente. Debido a ello, no suele importarles colocarle a uno muy conservador un activo arriesgado. Algunos ejecutivos sin escrúpulos les han enseñado que el fin (el banco debe ganar mucho dinero) justifica los medios (engañar por acción u omisión).
En bastantes ocasiones, han tomado el pelo a sus clientes. No obstante, éstos no se han enterado, ya que han conservado el importe invertido y obtenido alguna rentabilidad, aunque ésta fuera inferior a la posible. Así, por ejemplo, varias entidades han comercializado con éxito bonos propios a un tipo de interés inferior a los del Estado. Sin duda, una auténtica paradoja: el activo de mayor riesgo es el que ofrece una menor rentabilidad.
No obstante, recientemente algunos se han dado cuenta. Ha sucedido cuando han querido recuperar el dinero invertido en participaciones preferentes. Les dijeron que era un producto seguro (similar a un depósito) y muy líquido. En las últimas semanas, han descubierto la verdad. Tienen un escaso riesgo si la economía va bien, la entidad también y existe una gran liquidez en la economía. En cambio, aquél es elevado si sucede lo contrario. Nadie les contó que sólo obtendrían la rentabilidad prevista si el banco obtenía beneficios, ni que podría ser muy difícil encontrar un comprador ni tampoco que existía la posibilidad de que perdieran la totalidad o parte del dinero invertido si el banco desaparecía. Algunos que las han vendido en el mercado secundario han perdido alrededor del 40%

Las entidades popularizaron las participaciones preferentes porque el Banco de España las consideraba como capital de máxima calidad. Ahora, ya no les interesan debido a que no lo hace así la Autoridad Bancaria Europea. Por eso, todos los bancos pretenden canjearlas por acciones, ya sea de forma inmediata o después de un tiempo (bonos convertibles).
En definitiva, inversores conservadores engañados acabarán contratando un activo de elevado riesgo en la actual coyuntura (acciones de bancos). Es la solución menos mala y puede convertirse a medio plazo en muy rentable, si las condiciones de conversión son buenas y la entidad no quiebra. Sin embargo, jamás volverán a confiar en su banco.  Un verdadero ejemplo de mala gestión y alguna cosa más.

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Hace un año era impensable, hoy es una probabilidad. El euro está en peligro y no es descartable que desaparezca. Afortunadamente, el riesgo de desaparición continúa siendo reducido, aunque no despreciable. La fragilidad de la Unión Monetaria Europea (UME) se debe principalmente a: un erróneo diseño institucional, unos principios económicos equivocados y una desacertada gestión de la actual crisis.

El diseño institucional obliga a adoptar por unanimidad las decisiones más importantes. En algunas ocasiones, su refrendo por los Parlamentos de todos los países miembros hace extremadamente lenta la respuesta a cualquier nuevo desafío económico. Un ejemplo es la ampliación del Fondo de Estabilidad Financiera. La negociación empezó en marzo, en la actualidad aún quedan flecos por pulir.

Los principios económicos en los que se sustenta la UME fueron ideados por financieros e impuestos por Alemania. Son principalmente dos: una inflación casi inexistente y un déficit público muy reducido. Para garantizar la consecución del primero, se creó un banco central que tenía como principal y casi única misión explícita la estabilidad de precios. Con la finalidad de cumplir el segundo, se puso en marcha el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que limitaba el déficit al 3% del PIB.

No se dio importancia a variables claves en la economía real, tales como el nivel de paro o la necesidad de financiación exterior, ni tampoco a la sostenibilidad de los modelos de crecimiento económico, ya que los mercados financieros consideran que son aspectos secundarios en relación a los anteriores.

Dichos principios auguraban una edad dorada para la banca de inversión en Europa. Así, una inflación muy reducida hace más atractiva la Bolsa. Un escaso déficit presupuestario comporta una pequeña nueva oferta de deuda pública y permite la comercialización de una elevada cuantía de deuda privada a unos bajos tipos de interés. Una gran paradoja aparecía: el endeudamiento público es malo, el privado bueno.

La deuda privada, y no la pública, es la culpable de la actual crisis. No es  nueva, sino la prolongación de la iniciada en el verano de 2007. Para impedir una espectacular recesión, el remedio tradicional, aquél que funciono en la década de los 30, indica que se debe realizar una política de gran y continuada expansión de la demanda por parte del sector público. El BCE no lo ha hecho porque ha sido creado para reducirla. Los diferentes gobiernos únicamente en 2009, pues, posteriormente, la guardiana de la ortodoxia financiera (Angela Merkel)  les ha obligado a efectuar una gran austeridad. El resultado: una crisis que va más y un proyecto histórico (la UME) en trance de desaparición.

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En el corto plazo, la prioridad del nuevo gobierno no será crear empleo, sino que España continúe en la zona euro. Para conseguir dicha finalidad y recuperar una parte de la credibilidad internacional perdida, el déficit público en 2012 no deberá superar el 4,4% del PIB.

Esta obligación impuesta por Alemania supone combatir una crisis generada por la falta de demanda del sector privado con una reducción del gasto público. Sin duda, una verdadera incongruencia. El resultado: el año próximo será peor que el actual, España volverá a entrar en recesión y el número de parados superará los 5.300.000

El incumplimiento del compromiso de déficit público de 2011 (excederá el 6% del PIB) obligará a Rajoy a realizar un gran ajuste económico. No debería hacerlo por fases (a lo Zapatero), sino de golpe. Es decir, todas las medidas urgentes en un único paquete. Las principales probablemente sean: una subida del IVA del 18% al 21%,  un aumento del tipo de todos o algunos de los impuestos especiales (alcohol, tabaco y gasolina) y la reducción del salario de los funcionarios

Sin dilación, el nuevo gobierno debería impulsar el saneamiento definitivo del sistema bancario a través de estimular una nueva ronda de fusiones entre entidades, la venta de alguna al capital extranjero y el reconocimiento de las verdaderas pérdidas generadas por el aumento de la morosidad y la explosión de la burbuja inmobiliaria. La mejora de la solvencia bancaria contribuirá a reducir el riesgo país y normalizar el flujo de préstamos a familias y empresas, así como a impulsar el crecimiento económico.

Una reforma de la negociación colectiva o nuevas disposiciones (por ejemplo, la cobertura legal de los mini-empleos de 400 euros) que tiendan a reducir el coste laboral no impulsaran en una significativa medida la creación de ocupación en el 2012. El trabajo se genera cuando aumenta la demanda de bienes, pero no si disminuye, cobren casi lo que cobren los trabajadores. No obstante, en los años venideros, sería una forma de fomentar las nuevas contrataciones por parte de pymes, así como de proporcionar un empleo a una significativa parte de la población activa expulsada del sector de la construcción y sin formación cualificada. Es mejor que un trabajador esté mal pagado que parado.

La existencia también de una crisis de oferta, derivada de un modelo productivo inadecuado y desfasado, obligará al nuevo gobierno a realizar más adelante nuevas y profundas reformas estructurales (Administración Pública, sanidad, etc.). España no sólo debe cambiar, sino reinventarse económicamente.

No obstante, dada la coyuntura actual, en los próximos dos años no sólo es necesario que Rajoy acierte, sino también Angela Merkel. Es difícil, pero no imposible.

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El pasado martes, algunos analistas indicaban que los mercados financieros habían provocado el anuncio de dimisión de Berlusconi. Aunque les reconozco un gran poder e influencia, considero que no poseen la suficiente para hacer caer al presidente del gobierno de una de las principales potencias mundiales. Un político que en las últimas semanas no había hecho nada diferente de lo que llevaba haciendo durante años.

El asesino político de Berlusconi ha sido el BCE. El arma del crimen ha sido su premeditada desidia, es decir, su escasa intervención en el mercado de deuda pública italiana. Últimamente, no la ha adquirido en la cuantía suficiente. Por tanto, ha permitido que su prima al riesgo superase los 500 puntos básicos (el 5%). En algunos momentos, su rentabilidad ha llegado a situarse por encima del 7%, un nivel que complica notoriamente conseguir a la vez un significativo crecimiento económico y continuar pagando los intereses de la deuda.

No obstante, la autora intelectual de su muerte política creo que ha sido Angela Merkel, con el consentimiento de Sarkozy. Indiscutiblemente, si algunas semanas atrás hubiera contado en el Congreso con los apoyos suficientes para aprobar las medidas que le demandaban, ahora sólo estaría herido. Probablemente, de muerte, pero su desaparición política no sería instantánea. Hasta hace poco, un ejemplo de disciplina fue Papandreu. Su final no ha sido mejor que el de Berlusconi.

Detrás de esta historia, hay una pregunta: ¿por qué no ha comprado más deuda pública italiana el BCE? Por temor a generar una elevada futura inflación. Increíblemente, numerosos políticos alemanes y algunos economistas ortodoxos piensan que ahora existe el riesgo de que un súbito incremento de la velocidad de circulación del dinero, generado por un gran aumento de la confianza de familias y empresas (????), dispare al alza la inflación. Desde mi perspectiva, una posibilidad inexistente, dada la gran restricción de crédito actual.

En todos los pueblos, la historia importa y mucho. No obstante, posiblemente afecte a su pensamiento actual más a los ciudadanos alemanes que a cualesquiera otros. Debido a ello, la creencia de que la hiperinflación de finales de la década de los 20 fue una de las causas de la llegada de Hitler al poder, hace que sus dirigentes sean en materia de inflación excesivamente precavidos y algunas veces la vean donde no la hay.

En resumen, esta semana hemos asistido en Europa a un despropósito más: poner a Italia al borde del rescate económico. En los 90, la mayoría de los políticos europeos creía que era impensable una UME sin el país transalpino. Por eso nadie se opuso al establecimiento de un impuesto transitorio para reducir el déficit público al nivel del 3% del PIB. En 2011 sigue siendo así.

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En la última cumbre, los líderes europeos volvieron a errar en su diagnóstico. El resultado: la UME está un poco más cerca del abismo. El principal problema de Grecia no es su elevada y creciente deuda pública, sino su falta de competitividad. Aquélla es en gran medida el resultado de ésta. Una vez más, han confundido una consecuencia con la causa del problema.

La entrada en la zona euro conllevó para la economía helena dos principales repercusiones: una abundante y barata financiación extranjera y la renuncia a la moneda nacional. La elevada disponibilidad de fondos financió una política populista, generadora de un sobredimensionado sector público y de un gran aumento de las prestaciones sociales. Las reformas estructurales fueron prácticamente inexistentes y el constante diferencial de inflación acabo hundiendo la escasa competitividad que poseía el país. En 2009, Grecia era el país que vivía más por encima de las posibilidades de la UME.

En este contexto, es muy probable que un intenso ajuste económico conduzca a corto plazo a una gran recesión, no permita recuperar al país la suficiente competitividad y genere un estallido popular. Es decir, conlleve una crisis social y económica. Ambas tuvieron lugar en Argentina hace una década. La primera provocó la dimisión del presidente De la Rúa (finales de 2001), la segunda supuso una elevada caída del PIB (un 10,9% en 2002). Fueron el resultado de una política económica basada en el mantenimiento del tipo de cambio del peso respecto al dólar, un elevado tipo de interés real y una contracción del gasto público.

Dado el precedente argentino, creo que la mejor opción para Grecia sería la salida de la UME y la aparición de una nueva dracma cuyo valor sería aproximadamente la mitad que el del euro. No creo que la población sea capaz de resistir pacíficamente el aumento del paro, la reducción de prestaciones sociales y de salarios nominales que comportaría el proceso de ajuste. Éste, después de un considerable período y con grandes costes sociales y políticos, conseguiría lo mismo que la devaluación en un solo día: la recuperación de la competitividad perdida. Aunque tarde, Papandreu se ha dado cuenta. Por eso, convoco el referéndum. No obstante, su escasa credibilidad interna, mermada por la realización de continuos infructuosos ajustes, le ha impedido liderar el proceso.

Creo que a Grecia le irá mejor fuera que dentro de la UME. Así le pasó a Argentina cuando decidió desvincular el peso del dólar. Aunque declaró temporalmente el impago de su deuda pública y estableció un corralito, en el año 2003 su PIB ya crecía un 8,8%. Entre 2006 y 2010, con la ayuda del boom de las materias primas, lo ha hecho en promedio en un 6,7% (más que Brasil). Indiscutiblemente, Argentina no es un ejemplo perfecto, pero si posiblemente un buen espejo donde Grecia debería mirarse.

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En la etapa de la burbuja, la demanda de viviendas era casi infinita y la oferta relativamente escasa. Los pisos no se vendían, sino que se compraban. Las agencias colocaban todos los inmuebles que poseían en cartera, aunque algunos fueran muy caros, tuvieran una pésima ubicación o un desastroso estado de conservación. Por tanto, en la intermediación de pisos usados, la clave del negocio estaba en la captación de propiedades.

La principal técnica de captación consistía en la sobrevaloración del inmueble por parte de un perito. En realidad, actuaba más como un comercial camuflado que como un verdadero tasador. Estaba convencido de que cuanto mayor fuera la valoración del piso, más contento estaría el propietario y más posibilidades tendría de incorporarlo a su cartera. No le importaba que el importe fijado fuera muy superior al observado en el mercado, ya que la prevista subida del precio de la vivienda pronto haría que ambos coincidieran.

En la actualidad, la demanda es escasa y la oferta extraordinariamente abundante en numerosas localidades. Una coyuntura diametralmente opuesta a la advertida un lustro atrás. Ahora, quién vende no es quién tiene una gran cartera de pisos, sino quién es capaz de atraer demandantes solventes. Sin embargo, la mayoría de agencias continua operando como si nada hubiera cambiado en el mercado residencial. El marketing sigue orientado hacia la oferta y desprecia la demanda. No la busca, entre otras razones, por qué no sabe dónde la puede encontrar.

La aplicación de las tradicionales técnicas de captación está engañando a los verdaderos interesados en comprar una vivienda. Al sobrevalorarlas, les hace creer que los importes de venta han bajado muy poco y, por tanto, les conviene esperar algún año más. Ignoran que en numerosas ocasiones la diferencia entre el precio ofertado y el acordado, después de un intenso regateo,  se sitúa en torno al 25%.

Increíblemente, los precios establecidos no sirven para incentivar la demanda, sino para espantarla. Por un lado, por qué los intermediarios quieren quedar bien con los propietarios, quiénes están atrapados en el tiempo (en 2007). Por el otro, por qué tienen la esperanza de que aparezca un “mirlo blanco”, es decir, un tontito que no les regatee el elevadísimo precio. No se dan cuenta de que es una especie extinguida.

Por tanto, creo que las agencias inmobiliarias deben hacer dos principales cambios. En primer lugar, concentrarse en encontrar verdaderos demandantes, fidelizarlos y ofrecerles diversas oportunidades. En segundo lugar, variar totalmente el sistema de fijación de precios de su cartera. Deberían negarse a publicitar precios muy sobrevalorados y sólo ofrecer viviendas al precio vigente en el mercado o por debajo de él. Si no lo hacen así, probablemente la crisis les parecerá casi eterna.

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Un concepto del pasado vuelve a ponerse de actualidad: una Europa a dos velocidades. En la década de los 90,  implicaba dividir la Unión Europea en dos partes: los países que cumplían los criterios de convergencia y los que no. Los primeros, si querían, formarían parte de la UME y adoptarían el euro como moneda común; los segundos, se quedarían en la sala de espera y continuarían con su divisa histórica. En 1999, excepto Grecia, todas las naciones que lo desearon entraron en el selecto club.

Ahora, según un globo sonda convertido ayer en noticia, Alemania y Francia quieren dividir la UME en dos secciones. La exquisita estaría formada por los países austeros; la vulgar por los malgastadores. Aunque nadie lo ha dicho, supongo que la primera tendría como moneda al euro; en cambio, la segunda debería acuñar una nueva. Como tendría un prestigio inferior y sería un sucedáneo de la anterior, sugiero que se le denomine eurillo. La podríamos considerar como la peseta del siglo XXI.

Sinceramente, no creo que nadie con sentido común plantee seriamente una UME a dos velocidades, ya que no es lo mismo impedir la entrada en la zona euro a un país que expulsar de ella a prácticamente la mitad de sus miembros actuales. Si así sucediera, ya fuera por impago o por pérdida de valor en el mercado de la deuda de los países expulsados, los bancos franceses y alemanes quebrarían. Su rescate tendría un elevadísimo coste, la desconfianza de las familias y empresas llegaría a niveles desconocidos, el crédito prácticamente desaparecía y la recesión en ambos países sería impresionante. No sería un despropósito más, sino el último de Merkel y Sarkozy.

En la actualidad, el debate sobre el futuro de la zona euro es otro. El dilema está en decidir si la actual UME (con la excepción de Grecia y posiblemente también de Portugal) se convierte en el embrión de los Estados Unidos de Europa o si la moneda única desaparece. Es decir, más unión o total desunión. Les guste o no a los alemanes y franceses, sin Italia y España la UME no tiene ningún futuro.

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Desde el lado de la demanda, existen dos principales políticas económicas: la monetaria y la fiscal. En términos coloquiales, podemos considerar a ambas como la mano derecha e izquierda, respectivamente, de los gestores económicos de un país. Desde la década de los 30, especialmente después de la aparición del libro de Keynes: “La teoría de la ocupación, el interés y el dinero”, existe un relativo consenso entre los economistas respecto a que ambas políticas son necesarias en la mayoría de las ocasiones para gestionar con éxito la economía de un país.

La mano izquierda, ahora que se va, Zapatero la pretende cortar a sus sucesores, al reformar la Constitución y establecer en ella un límite implícito al déficit público estructural. Ya está de acuerdo Rajoy, que siempre ha pensado que dicha mano le sobraba. Así, aunque nadie se la cortara, él la pensaba inutilizar. La considera “la mano tonta”, igual que la mayoría de los políticos republicanos de Estados Unidos. Por el contrario, dudo que le haga ninguna gracia a Rubalcaba quedarse en plena campaña sin mano izquierda. Con una sola medida, Zapatero le ha liquidado una gran parte de su programa económico electoral. A partir de ahora, el candidato socialista puede seguir proponiendo lo mismo que antes, no obstante, es escasamente creíble que lo pueda cumplir, aunque dicha limitación entre efectivamente en vigor en el 2020. Hechos como éste, demuestran que el principal adversario de Rubalcaba es Rajoy, pero su enemigo más acérrimo es Zapatero. ¡Y aún le queda dos meses y medio de gobierno!

Desde una perspectiva exclusivamente económica, me parece una insensatez limitar el déficit público estructural. En primer lugar, creo escasamente inteligente enterrar el legado de Keynes y despreciar de forma casi absoluta la capacidad de la política fiscal para adelantar la salida de una crisis. A partir de ahora, la lucha contra las recesiones económicas se hará prácticamente con las mismas armas que se realizaba en el siglo XIX. En segundo lugar, implícitamente supone asumir la escasa y cada vez menor importancia que los políticos otorgan a la distribución de la renta entre la población. Sin una potente política fiscal, en los próximos años presumiblemente aquélla será más desigual de lo que es ahora. Otra vez más, Zapatero ha hecho lo contrario de lo que ha dicho. En tercer lugar, la variable escogida a limitar tiene un serio problema de definición. No hay un elevado consenso entre los economistas respecto a qué partidas forman parte del gasto público estructural y cuáles lo constituyen coyuntural. En cuarto lugar, reformar la Constitución para incorporar en ella dicha limitación, me parece sencillamente “matar moscas a cañonazos”, ya que bastaría con reflejarla en una ley de estabilidad presupuestaria (una norma con la que acabó Zapatero). Finalmente, estimo que es una auténtica ingenuidad creer que, copiando la reforma económica de la Constitución alemana de 2009, los mercados considerarán a partir de ahora a España como Alemania bis y los problemas de financiación de nuestro país desaparecerán. Dichos problemas acabarán con seguridad cuando el PIB vuelva a crecer de forma regular por encima del 2%, un aspecto que aún tardará en llegar.

En resumen, otro paso más hacia atrás. Probablemente, la salida de la crisis esté más lejos de lo que estaba. También un buen ejemplo de que Alemania también se equivoca. Una pregunta clásica me vuelve a la mente: ¿qué hemos hecho los ciudadanos para merecernos esto?  Indudablemente, la respuesta es larga y compleja.

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