Gonzalo Bernardos

El 9 de mayo de 2010 no es una fecha cualquiera, sino clave en materia de política económica europea. Una larga noche generó un gran cambio. En la indicada jornada, en una reunión del Ecofin, los ministros de Economía y Finanzas de la UE decidieron eliminar las dudas que recientemente habían surgido respecto al futuro de la moneda única. Con dicha finalidad, acordaron efectuar dos principales acciones: una explícita y otra implícita. La primera consistió en crear un fondo de rescate capaz de movilizar hasta 750 millones de euros para desalentar cualquier tipo de ataque especulativo a alguno de los países del área. La segunda implicó la capitulación de los gobiernos a los deseos de los inversores financieros y la llegada de una nueva política económica.

En dicha noche, con un diferente grado de entusiasmo, todos los ministros pactaron considerar como un gran problema económico la existencia de un elevado déficit público. A diferencia del reciente pasado, ya no era una solución, ni siquiera transitoria. Desaparecía como viable una salida no traumática de la crisis y afloraba como una única posible respuesta la realización de un importante ajuste económico que condujera a una mayor austeridad en el gasto, principalmente de las Administraciones Públicas pero también de familias y empresas. Adicionalmente, a algunos países como España, con un considerable problema de crecimiento económico a medio plazo, se les incitaba a efectuar sin dilación importantes reformas estructurales.

Indudablemente, uno de los dirigentes políticos más afectado por los cambios pactados fue Zapatero. Sin duda, la propuesta le contrarió, ya que su aceptación implicaba efectuar un giro de 180 grados a su política económica. No obstante, implícitamente el Ecofin le daba a elegir entre la posibilidad de tener garantizada la financiación de su deuda pública (aceptación del cambio) o una gran incertidumbre sobre la obtención del suficiente capital en los mercados internacionales (rechazo de la proposición). La primera opción implicaba continuar siendo un país creíble internacionalmente, la segunda comportaba el riesgo de convertir a España en Grecia bis.

El cambio de política económica efectuado por Zapatero es acertado. Antes, pretendía dar un paso hacia adelante, aunque éste nos condujera al precipicio. Esta visión provocó que el conjunto de las Administraciones Públicas entre 2007 y 2009 pasara de obtener un superávit del 2,2% del PIB a un déficit del 11,2%. Ahora, ha decidido efectuar uno hacia atrás (dando ejemplo de austeridad) para posteriormente realizar uno al frente. No obstante, su rectificación llega tarde y no impedirá que durante 2011 y 2012 sigan destruyéndose en términos netos puestos de trabajo y que debamos esperar como mínimo al 2014 para observar un crecimiento del PIB por encima del 2%.

La nueva política económica no es una garantía de éxito, sino de caminar por el sendero adecuado. Así, la rapidez o lentitud en la salida de la crisis dependerá principalmente de dos aspectos: la capacidad de las empresas para ganar competitividad y de los bancos y cajas de volver a ofrecer suficiente crédito a familias y empresas. El primer objetivo pasa por un incremento de la productividad y una disminución de los márgenes de beneficios, salarios reales y tributos ligados a la actividad empresarial (es imprescindible una gran reforma tributaria). El segundo por una amplia y profunda reestructuración del sistema bancario. Hasta el momento, la ganancia de competitividad ha sido insuficiente y la reforma financiera más pantomima que realidad. Un buen ejemplo de este último aspecto son las denominadas “fusiones frías” de las cajas, hasta el momento principalmente una excusa para poder obtener capital del FROB.

En definitiva, la economía española ya ha dejado de buscar la oscuridad, no obstante, tampoco ha encontrado la luz, aunque algún rayo ya se empieza a ver.

Es una adquisición al alcance de casi todos los públicos. Los inversores modestos suelen comprar una plaza, los potentados un garaje entero. Ambos no pretenden conseguir una elevada rentabilidad, ya que generalmente se conforman con obtener alrededor de un 4%. Tampoco normalmente lograr una elevada plusvalía. Si su ubicación es adecuada, son considerados un activo refugio. Sus propietarios principalmente buscan tener alquiladas todas las plazas y disponer de una constante renta mensual adicional.

No obstante, hubo un tiempo donde con la compra-venta de parkings se podía llegar a ganar casi un 50% en menos de un año. Sucedió durante los primeros años 90 en algunos barrios de clase media (Gracia, Sants, etc.) de las grandes ciudades. El incremento de la oferta generada por la proliferación de parkings municipales acabó con la inversión especulativa. En algunas zonas, a finales de la indicada década, su precio era la mitad que al inicio.

Es una de las inversiones donde más importa la localización. La exterior es mejor cuanto más cuesta encontrar un aparcamiento gratuito en la vía pública, más elevado es el número de edificios antiguos a su alrededor y menor el número de parkings municipales en sus proximidades. La interior es considerada como privilegiada si la plaza está situada en la planta más próxima a la calle y cercana al ascensor. Ambos aspectos otorgan más seguridad a sus usuarios, un aspecto especialmente valorado por el sexo femenino.

A efectos de revalorización, también es importante la superficie de la plaza. Con el paso del tiempo, las grandes normalmente aumentan su precio en mayor medida que las pequeñas. Sus ventajas son: aptas para casi todos los coches, maniobras de aparcamiento más fáciles, menor posibilidad de rayar el vehículo y, en las de mayor superficie, de aparcar adicionalmente una moto.

La crisis ha llegado también a los parkings, aunque en una medida sustancialmente inferior a la observada en el mercado de la vivienda. Desde 2008, en la mayoría de las buenas ubicaciones, la bajada de los precios y de los alquileres se ha situado alrededor del 15%. En cambio, mi amigo Jordi no la ha notado. ¿Por qué? El motivo es sencillo: no se la ha pedido al propietario.

La economía europea, aunque no está bien, va mejor. En el año 2009, el PIB de la zona euro cayó un 4,1%; en cambio, en el ejercicio actual se espera que crezca casi un 1%. No obstante, si uno lee la prensa, parece que empeore. La culpa de esta falsa sensación principalmente la tienen la elevada caída de las Bolsas europeas y del euro. Desde el inicio del año, el índice Eurostoxx baja un 14,71% y la moneda única un 16,6% respecto al dólar.

¿Qué está pasando? De forma sintética: los inversores financieros tienen miedo. En pocos meses, han cambiado de opinión. Han pasado del optimismo exagerado (el IBEX subió un 29,8% el año pasado) al pesimismo exacerbado. En el 2009, creían que lo peor ya había quedado atrás; ahora, parece que muchos piensan que en la economía europea aún está por llegar.

Debido a ello, cualquier negativo rumor, declaración inadecuada de un político o dato macroeconómico más malo de lo esperado, constituyen una excusa para la venta masiva de acciones. Ni es una novedad que Grecia haga trampas ni que Hungría efectúe un ajuste económico. Ya lo hizo en 2006, cuando su déficit público/PIB era sustancialmente más alto que el actual (9,3% versus 4%). En aquella fecha, las principales bolsas europeas casi ni se enteraron de la crisis húngara. La liquidez era notoriamente más elevada y la propensión al riesgo mucho mayor.

Esta situación ha afectado al prestigio del euro. En el año 2009, cada vez más analistas decían que sustituiría en el futuro al dólar como principal divisa mundial. Por el contrario, en la actualidad, algunos creen que no está asegurada su supervivencia, ya que piensan que la UME está en peligro. Ni era bueno para la economía europea que tuviera un valor tan elevado ni que ahora esté en caída libre

¿Cómo se combate al miedo? Indudablemente, ofreciendo seguridad. Es lo que ha efectuado recientemente Alemania al efectuar un importante ajuste económico. Vive por debajo de sus posibilidades y no tiene un excesivo déficit público. Principalmente, lo ha hecho para dar ejemplo. Si otros países lo siguen, los inversores entenderán la señal. No esperen grandes subidas ni de la Bolsa ni del euro, pero si un próximo final de la actual tendencia bajista.



Será sin prisas, pero sin pausas. En la próxima década, probablemente ya no quede ninguna caja de ahorros en España. La mayoría desaparecerán y las que sobrevivan se convertirán en bancos. Unas se unirán a algunos de los medianos, otras serán adquiridas por entidades extranjeras. En un próximo futuro, el tamaño importará más que nunca. El mapa financiero español sufrirá una gran mutación, sin duda, la mayor de las últimas décadas.

En la actualidad, la reestructuración de las cajas no es una opción, sino una necesidad. La explosión de la burbuja inmobiliaria les ha generado grandes pérdidas. Aunque unas pocas ya están contabilizadas, la mayor parte quedan pendientes de registrar. Su reducido tamaño, la escasa liquidez existente en los mercados internacionales y la desconfianza de los inversores en la economía española complican notoriamente su financiación actual y futura. Ya no es un tema de precio (tipo de interés), sino principalmente de riesgo.

El Banco de España ha auspiciado dos tipos de fusiones: “calientes” (completas) y “frías” (parciales). Las primeras han sido pocas y mal ejecutadas. Las segundas se han realizado en el penúltimo minuto y en algunos casos bajo amenaza de intervención de la autoridad monetaria. Tienen dos principales objetivos: conseguir una mayor dimensión y obtener dinero del FROB. Lo quieren para financiar prejubilaciones y mejorar sus ratios de solvencia.

Las fusiones “calientes” se han visto lastradas por las reticencias políticas y una escasa visión empresarial de sus directivos. En las realizadas, dos o más entidades pequeñas se han unido para generar una caja menos pequeña. Prácticamente ninguna tiene futuro. Las “frías” han constituido un salto al vacío, ya que constituyen un experimento de cómo transformar varias cajas en un banco. No está casi nada claro, ni siquiera su nombre.

En cualquier caso, parece evidente que en los próximos años cambiará la manera de hacer banca. Ninguna entidad tendrá una oficina en cada esquina. De ser abundantes, pasarán a ser escasas. La mayoría de las operaciones se realizarán vía on-line, telefónica o a través de cajeros independientes. El mítico slogan ¿hablamos? ya sólo será una reliquia publicitaria.

Hace unos días, los inversores financieros internacionales dictaron sentencia: “la zona euro no está gestionando bien la salida de la crisis”. Para demostrar su discrepancia, provocaron una continuada depreciación del euro, una elevada caída de las bolsas europeas y una importante subida del tipo de interés de la deuda de algunos países. El mensaje fue claro: “la solución no es un aumento del gasto público, sino una mayor austeridad”. En definitiva, los ciudadanos se han apretado poco el cinturón y deben hacerlo mucho más.

Para proteger al euro y salvar a las naciones más débiles de los ataques de los especuladores, los ministros de Economía de la UE decidieron crear un fondo de rescate de 750.000 millones de euros. No obstante, exigieron previamente a algunos países un profundo cambio en su política económica y la realización de un importante ajuste. A Zapatero no le quedo más remedio que ceder a las presiones europeas y hacer buena la célebre frase: “donde dije digo, digo diego”. Por primera vez, desde la llegada de la crisis, nuestro gobierno adoptaba medidas adecuadas para salir de ella.

En la actualidad, nuestro país necesita de la financiación extranjera, ya que sigue viviendo por encima de sus posibilidades. Antes la culpa era de familias y empresas, ahora principalmente lo es de las Administraciones Públicas. En un marco de escasez de capitales, esta situación hace que aumente la desconfianza de los inversores internacionales hacia España. Para volver a confiar plenamente, exigen que el déficit público disminuya a corto plazo en gran medida y sea factible que en 2013 se sitúe en un 3% del PIB.  Las cuentas sólo cuadraran si se produce una disminución de los gastos públicos y un incremento de los ingresos.

Las medidas actuales demuestran que el gobierno lleva casi tres años equivocándose. No poco, sino mucho. Mediante un elevado aumento del gasto público ha intentado dar un paso adelante y nos ha acercado al precipicio. Tarde, pero ha rectificado. Se ha dado cuenta de que más vale dar dos pasos atrás, cambiar de camino y realizar tres al frente sobre tierra firme. Aunque no se nota y tardará en observarse, la recuperación de la economía española ya ha empezado.

Las repercusiones de las reformas estructurales sobre el crecimiento económico no son uniformes en el tiempo. Algunas, como la laboral, empiezan a notarse de forma importante después de alrededor de dos años; otras, como la educativa, necesitan generalmente de más de una década.

Por tanto, el Pacto por la Educación no contribuirá a una rápida salida de la crisis. Sin embargo, si puede hacer que el futuro sea mejor que el pasado. El motivo es que el nivel de vida de la población ocupada en el largo plazo aumenta aproximadamente lo que lo hace su productividad. Si el país es escasamente desarrollado, un gran incremento puede conseguirse a través de la mecanización de un mayor número de trabajadores (caso China); en cambio, si casi todos ya lo están, la clave es un mayor nivel educativo (caso España).

Para conseguir un continuado y elevado progreso económico, me parece imprescindible realizar importantes cambios en nuestro sistema educativo, tanto en materia de valores como de conocimientos. Una mejor educación debería contribuir a que los jóvenes tuvieran un mayor sentido de la responsabilidad, un superior espíritu de sacrificio, menos miedo al fracaso y pensarán en el futuro, además de en el presente. Los profesores tendrían que disponer de mayores facilidades para, además de construir “buenas mentes”, nutrir a éstas de los conocimientos adecuados. En la actualidad, los contenidos de numerosos programas educativos presentan un exceso de ideología, un gran grado de buenismo y una elevada distancia con la realidad social y empresarial.

Si finalmente se firmara, no creo que el Pacto consiguiera alcanzar la mayoría de los anteriores objetivos. No obstante, estimo que sería bastante más que un paso en la dirección correcta. Indudablemente, un presupuesto más elevado, un mayor período de formación para nuestros jóvenes y un control más estricto de la calidad de la docencia, supondrían un significativo avance.

Sin embargo, sería una pena que se obviara la propuesta del ministro Gabilondo de despolitizar cualquier reforma educativa posterior. La educación es demasiado importante para utilizarla como un instrumento más para obtener votos. Es la línea recta hacia un futuro mejor.

En la actualidad, España debe hacer frente a una segunda transición económica. No estamos en un período de crisis cualquiera, sino en un momento en que la economía española debe acometer una profunda transformación. Si no la hacemos o tardamos demasiado tiempo en efectuarla, el nivel de vida de los españoles se alejará del resto de europeos.

En los próximos años, España no podrá crecer de la forma habitual que lo ha hecho desde 1986, es decir, mediante devaluaciones de la moneda y/o la generación de “booms” inmobiliarios. La primera medida con el euro ya no es posible; la segunda es totalmente improbable, dado el aproximadamente millón y medio de viviendas nuevas pendientes de venta.

Existe un cierto consenso social y político de que la solución son unos Pactos de la Moncloa 2. El gobierno, recogiendo este clima de opinión, ha impulsado los denominados Pactos de Zurbano. Desde mi perspectiva, ni el contexto es similar al observado en 1977, ni la voluntad de la oposición y los agentes sociales es parecida, ni las medidas finalmente acordadas tienen el mismo calado. El pacto original propició, entre otros aspectos, la reforma fiscal, de la Seguridad Social, el inicio de la liberalización del sistema financiero y una cierta flexibilización del mercado de trabajo. En cambio, el recientemente acordado, aunque incorpora medidas acertadas, su impacto a corto y medio plazo sobre la economía española será marginal. Por tanto, no nos sacará de la actual crisis.

Tampoco lo hicieron, ni lo pretendían,  los verdaderos Pactos de la Moncloa. Sus principales objetivos fueron evitar un colapso económico que impidiera la consolidación de la democracia y sentar las bases de una economía moderna. Aunque los lograron, no pudieron impedir que en la etapa 1975 – 85 nuestro PIB per cápita pasará del 81,39% al 70,60% de la UE. El retroceso era inevitable: las estructuras de la economía española hacía tiempo que no eran adecuadas y el régimen franquista no hizo casi nada para combatir las negativas repercusiones de la crisis del petróleo de 1973,

Los pactos útiles son siempre deseables, los inútiles sobran. Con acuerdos o sin ellos, es el momento de legislar. Aunque ya es tarde, mañana aún lo será más.

El préstamo de 110.000 millones de euros otorgado por los países de la UME y el FMI ha salvado a Grecia de la bancarrota. No obstante, ¿está a salvo el euro? Ahora sí, pero existen dudas sobre su futuro. En gran medida, su supervivencia depende de que los griegos acepten resignadamente ser más pobres y que otras naciones, como España, Portugal e Irlanda, sean capaces de efectuar un duro y continuado ajuste económico en los años venideros.

En los próximos meses, los griegos aprenderán que los rescates nunca son gratuitos. Los argentinos lo saben sobradamente. En el año 2000, el FMI aceptó prestar el capital necesario a Argentina para hacer frente al pago de los vencimientos de su deuda pública. No obstante, exigió una reducción del gasto de la Administración y el mantenimiento del tipo de cambio dólar – peso. La primera condición disminuyó las prestaciones sociales, la segunda supuso un aumento del tipo de interés y una reducción de las exportaciones. Ambas profundizaron la recesión que se había iniciado en 1999.

El 20 de diciembre de 2001, los argentinos dijeron basta. Ya no podían aguantar más. Una cacerolada multitudinaria hizo dimitir al ministro de Economía (Cavallo) y al presidente (De la Rua). Unos días después, Argentina abandonó la ficción de que el peso era tan bueno como el dólar y devaluó en tres meses la moneda nacional un 75%.  La recuperación económica se iniciaba.

Un elevado descontento social, unas expectativas electorales desfavorables para el partido gobernante, disturbios continuados y una oposición beligerante pueden hacer que Papandreou se planteé abandonar el euro, volver a la dracma y, para salir de la crisis, hacer mucho más baratos los productos griegos en el extranjero. Si así lo hace, el abandono de Grecia será un duro golpe para la moneda única. No obstante, previsiblemente ésta sobrevivirá, si los demás países de la UME ya han hecho sus deberes.

En cambio, si algunos de ellos, como España, sigue teniendo un déficit público considerable y los inversores internacionales se niegan a prestarle capitales, el euro dejará de ser una moneda prestigiosa y se convertirá en una divisa desprestigiada. Si así sucede, su supervivencia no tendrá ningún sentido.

En 1991, una burbuja inmobiliaria estalló en Japón. En los siguientes años, las ventas de viviendas prácticamente desaparecieron, realizándose las escasas transacciones a un precio notoriamente inferior al observado en la etapa de auge. A pesar de las evidencias, las autoridades económicas infravaloraron la magnitud de la crisis inmobiliaria y minusvaloraron sus repercusiones directas sobre el sistema bancario e indirectas respecto a otros sectores. Estaban convencidas de que en el corto plazo el precio de la vivienda volvería a subir y se acercaría a los niveles alcanzados en 1990.

Dicha convicción llevó a considerar los “agujeros” observados en el balance de los bancos, generados por la depreciación de sus activos y el incremento de la morosidad, como meramente temporales. Pensaban que la mayoría desaparecerían por si solos, siendo la futura y cercana subida del precio de la vivienda su principal yeso tapador. Por tanto, no hacía falta reformar en profundidad el sistema bancario, bastaba con efectuar algún toque cosmético y esperar. Con este propósito, en 1996 el gobierno japonés promulgó una ley que, al autorizar a contabilizar los activos inmobiliarios por su valor histórico (el observado en plena ebullición de la burbuja),  permitía ocultar de forma oficial los “agujeros” generados por la caída del precio de la vivienda. Había nacido la denominada “ruta Japón”.

El objetivo era ganar tiempo, no obstante, en realidad éste se perdió de forma lastimosa por motivos de índole político e impericia económica. En 1998, el precio de la vivienda continuaba bajando, el crédito seguía sin llegar a familias y empresas, algunos bancos ya habían quebrado y otros estaban a punto de hacerlo, entrando la economía en una crisis de características similares a la observada en Estados Unidos en la década de los 30. Casi setenta años después, volvía la fatídica combinación: recesión y deflación. Finalmente, el gobierno se decidió a intervenir: nacionalizó temporalmente algunos bancos y ofreció ayudas para que otros pudieran sobrevivir. Casi una década había pasado desde el estallido de las burbujas bursátil e inmobiliaria.

En 2007 explotó la primera burbuja inmobiliaria mundial. Uno de los países más afectados fue España. El camino a seguir estaba claro: evitar la “ruta Japón”. Es decir, no se debía conceder tiempo extra a las entidades financieras, sino que había que actuar rápidamente para evitar que aquéllas se convirtieran en insolventes, restringieran el crédito y la economía entrara en una larga fase de estancamiento. A pesar del precedente, el Ministerio de Economía y el Banco de España optaron por la pasividad. Por tanto, han hecho “la vista gorda” con las tasas de morosidad declaradas, los inmuebles sacados artificialmente de balance y la contabilización de las viviendas adquiridas en concepto de dación en pago por su precio histórico o según un valor de tasación notoriamente superior al de mercado.

En los últimos tres años, la mayoría de las entidades financieras españolas no han ganado tiempo, sino que lo han perdido. Su situación ha empeorado ya que la morosidad ha seguido aumentado, al igual que el número de inmuebles cedidos a bancos y cajas por promotores. Un fenómeno muy similar al que le ocurrió casi veinte años atrás a las entidades japonesas. En la actualidad, el problema no es únicamente el elevado stock de viviendas nuevas pendientes de venta (alrededor de siete veces superior al existente en 1993), sino la ubicación de una importante parte de dichos inmuebles.

Según mis cálculos, alrededor de 500.000 viviendas están situadas en localidades donde no existe prácticamente demanda natural (la ciénaga de Shrek) y en las que el precio casi no tiene importancia. Dichas viviendas son un “monumento espontáneo” a la burbuja inmobiliaria y, más pronto o tarde, casi todas ellas pasarán a ser propiedad de las entidades financieras. Si así sucede, las perdidas generadas serán sufragadas de diversas maneras por el Estado (creación de un banco malo, nacionalización parcial, etc.), es decir, por todos los españoles.

Dado mi convencimiento de que me va a tocar pagar, les pido a los políticos que me pasen la factura ya y saneen de una vez el sistema bancario. Sólo si éste vuelve a ser totalmente solvente, la economía española tiene posibilidades de volver a crecer de forma vigorosa. Por favor, no sigan “la ruta Japón”, es el mejor camino para lograr dos décadas de estancamiento económico.